La ética del poder

El afán de poder del individuo no suele ser mal visto, es más, acostumbra a ser bien acogido.

El autócrata efectivo no emplea más que escasos ingredientes de todo el abanico de posibilidades. Hace uso de los que le garantizan una instrumentación provechosa y la continuidad de su impulso de mandar.

Esta mezcla de poder varia en cada persona.

El poder es su mecanismo básico para abrirse paso en el mundo y generalmente muestra una acusada tendencia a racionalizarlo en función de su utilidad social y necesidad moral. Para el autócrata el poder es al mundo social lo que la gravedad al mundo físico. Es una necesidad social, es la materia de la que extrae el individuo su amor por el orden. Sin el ejercicio del poder, la organización no podría ni establecerse ni mantenerse. Dentro de cualquier tipo de organización, el empleo del poder protege contra la anarquía. Su uso es la responsabilidad más importante del autócrata.

Por añadidura, el autócrata comprende que el poder es la fuente del éxito o la causa del fracaso, y debe por tanto ser tratado con esmero y respeto. No es necesario que posea una intuición mística del ansia de poder, pero es probable que deposite una confianza ilimitada en él. Es una muleta emocional que le ayuda en su cojera cuando otros caerían impotentes al suelo. Para satisfacer las necesidades reales de su responsabilidad administrativa, el ejecutivo debe objetivar el afán de poder, es decir, servir a las necesidades realistas de su organización. Si el poder se utiliza para alcanzar metas realistas, la ulterior adquisición del poder se convierte en una función o habilidad del ejecutivo. Aunque la adquisición del poder puede ser legítima por sí misma el poder puede, no obstante, corromper a la persona que pugne por alcanzarlo, y ésta hará bien en protegerse contra este posible mal.

El poder autocrático tiene un aspecto arbitrario, y es la capacidad del ejecutivo para modificar a su antojo la conducta de otros y al mismo tiempo resistirse a modificar la suya si ello se opone a sus deseos. Esto se consigue a fuerza de talento. El tratar con ejecutivos autocráticos enseña a percatarse bien de la diferencia entre la autoridad y el poder. La autoridad se considera como el derecho reconocido de usar el poder, pero no es propiamente el poder. Un ejecutivo puede tener poder sobre otros y carecer de autoridad para hacer uso del mismo. O quizá le falte poder para emplear la autoridad de que disfruta.

Gran parte del poder deriva de conocimientos superiores, aptitud para decidir y mandar, o de una personalidad magnética.

Considérese al presidente de una gran sociedad anónima. Su voz resonante y contagioso entusiasmo atrae la atención inmediata. Donde quiera que vaya domina su medio ambiente. A este hombre se le dio inicialmente la autoridad orgánica que ahora detenta porque ha adquirido un amplio grado de poder personal. Debido a que su habilidad para controlar a los demás excede a la normalmente atribuida a su posición, su poder excede a su autoridad.

Considérese ahora por contraste, al ejecutivo que da una orden que no se lleva a cabo. Su poder es inferior a su autoridad. El subordinado, por su desobediencia, está acrecentando su propio poder a expensas de su superior.

El autócrata aspira a un poder superior al de su autoridad. El burócrata, no, por supuesto. El mando es una necesidad apremiante del autócrata. Contrariamente al burócrata, pocas veces se pregunta si su poder está basado en la autoridad. Es el secreto de su éxito, pero algunas veces también la base de su fracaso. Puede cometer el error de extender su poder tan lejos de los linderos de su autoridad, que se haga vulnerable.

Por esta causa, el autócrata puede dirigir sus esfuerzos a lograr dos cosas.

La primera, persuadir a los grupos que delegan la autoridad, como los consejos de Administración, para que le otorguen una autoridad adicional con el fin de respaldar el poder que ya ha adquirido.

La segunda es eliminar a los elementos que no puede controlar pese a sus dotes de poder.

La fuerza es usada raramente, porque no siempre resulta eficaz. La fuerza equivale a traducir el poder del ejecutivo en la forma de acción más extrema y puede constituir una demostración de mengua, abuso de poder. El ejecutivo que despide a un subordinado porque no cumple una orden está empleando la fuerza, pero la acción se produce debido a la autoridad.

La auténtica esencia del poder autocrático es la facultad de previsión. El individuo cuyas órdenes son obedecidas posee poder. Si, durante un período dado de tiempo, aquellas son siempre obedecidas, las consecuencias de una orden futura pueden pronosticarse con verosimilitud. Cuando hay que recurrir a la fuerza, los resultados dejan de ser previsibles. La sustitución del hombre despedido no indica necesariamente que la orden será llevada a cabo, la ejecución muy bien puede retrasarse, el sustituto puede marcharse por solidaridad con el sustituido. Esta es la razón de porqué la fuerza raramente acrecienta el poder, sino que lo disminuye sin razonarlo.

El afán de poder no debe basarse en una situación social, pues la situación social no significa poder. La situación social, el status, designa una posición relativa, un rango o situación que el individuo ostenta en una organización.

El autócrata puede utilizar los símbolos de su situación social para poner de manifiesto que es importante y poderoso. Sin embargo, el poder que suele ir ligado a la situación social es en realidad una característica de la posición. El status puede simbolizar el poder, pero no puede sustituirlo.

La popularidad tampoco es poder. Puede ser a veces, consecuencia de éste, pero raramente su existencia llevará implícita la del segundo.

En resumen, la autoridad, la posición social, y la popularidad carecen de significación para el individuo si no están en relación con el apoyo inmediato del poder y la definitiva sensación de la fuerza. Y cualquiera que sea la autoridad, la situación social y el prestigio, el autócrata está bien pertrechado de habilidad para controlar a los demás a los que son capaces de retener y disfrutar de estos importantes atributos. De ahí, su afán por el mando.

Gestión del mercado de trabajo

Estamos en período electoral.

Hoy es día de huelga general.

La efervescencia política en estos días es máxima.

La situación laboral, entendida como causa o como consecuencia, es centro de atención de la mayor parte de debates políticos.

En España una grave situación en la relación de los jóvenes con la actividad productiva que se manifiesta no sólo en la elevadísima tasa de paro en este sector de la población, sino también en una baja tasa de actividad, acompañada por una cada vez más significativa “exportación” de mano de obra joven y cualificada hacia zonas con mayores niveles de ocupación, esencialmente el norte de Europa, aunque sin obviar el papel de Latinoamérica.

No creo que sea exagerado afirmar que la experiencia del desempleo juvenil tendrá efectos definitivos en las posibilidades de inserción en las actividades productivas del grueso de los miembros de las actuales generaciones de jóvenes, configurando necesariamente un complicado escenario del mercado laboral a futuro.

Aunque es cierto que existen problemas de desempleo juvenil en la mayoría de los países industrializados, la dimensión del problema en España no admite un tratamiento en términos comparables a los de otros países, ni es posible reducir sus causas a los esquemas de análisis convencionales empleados para otros países.

La gravedad del desempleo juvenil en España está en relación con la masividad a la mayoría de los tramos de edad y permanencia que ha alcanzado el desequilibrio del mercado de trabajo. De esta forma, aunque pueden existir aspectos sectoriales importantes, no es conveniente analizar la contratación y los salarios de los jóvenes prescindiendo del contexto global del mercado de trabajo.

Una visión sectorializada del desempleo juvenil que deje de lado las causas del desequilibrio global del mercado de trabajo puede conducir a la adopción de medidas que no resuelvan el problema de fondo y que contribuyan a profundizar la discriminación a futuro de los hoy jóvenes en el mercado laboral.

Es cierto que existen componentes demográficos, generacionales, educativos y sociológicos que contribuyen significativamente a agravar la situación de precariedad de los jóvenes en relación con la actividad productiva, sin embargo, el problema del desempleo de los jóvenes debe ser enfocado prioritariamente como reflejo de los problemas estructurales del mercado laboral español. Y ello en una doble aceptación: por un lado es el resultado de un profundo desajuste entre los desarrollos institucionales y las necesidades de un funcionamiento eficiente del mercado que, junto a otros factores, ha dañado sensiblemente a la capacidad de la economía española para mantener y crear puestos de trabajo; y por otro lado, porque los costes de este desequilibrio no han repercutido de forma homogénea sobre el conjunto de los asalariados. Mientras los asalariados que han logrado mantener su puesto de trabajo apenas se han visto afectados por esta situación, la mayor parte del coste ha recaído sobre los asalariados que han perdido su puesto de trabajo o se han visto abocados a una jubilación prematura, sobre las mujeres, uno de los eslabones débiles de la cadena y, finalmente, sobre los jóvenes.

Por esas razones, considero imprescindible una reforma flexibilizadora del mercado de trabajo como el aspecto fundamental de la política de empleo, sin que con ello se pretenda negar la conveniencia o eficacia de otras medidas de carácter sectorial.

La necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo aparece como una constante prácticamente universal en la totalidad de las recomendaciones de política económica formuladas por los organismos internacionales y en las políticas de empleo diseñadas por la mayoría de los gobiernos de los países industrializados, tanto de la zona euro como al otro lado del Pacífico. Aunque el contenido y los procedimientos pueden variar sustancialmente de unos casos a otros, la generalidad de este planteamiento surge de unos sólidos indicios de evidencia empírica favorable a una rigidez excesiva de los marcos institucionales de los mercados de trabajo y paralelamente de una evolución reciente en el campo del pensamiento económico que tiende a atribuir un alto grado de responsabilidad a la relativa flexibilidad de los mercados laborales en el funcionamiento macroeconómico en los diferentes países.

Sin duda el origen de todos los planteamientos actuales sobre la necesidad de flexibilización del mercado de trabajo se encuentra en la incidencia de esta cuestión sobre el funcionamiento agregado de la economía. La demanda de flexibilidad surge como una exigencia del ajuste macroeconómico y como un instrumento de política económica para hacer frente a las situaciones de desempleo masivo.

Este es el enfoque que ha dominado en las recomendaciones de los organismos internacionales y que ha sido enfatizado en la literatura sobre la crisis económica.

Desde esta perspectiva la regulación del mercado de trabajo ha conducido a un desequilibrio masivo y permanente que no puede ser combatido en mejorar sustancialmente su funcionamiento. Desde este planteamiento, el más conocido y popularizado, el aspecto prioritario de la flexibilización del mercado de trabajo es hacer que el sistema de remuneraciones sea el adecuado para un crecimiento equilibrado y que la regulación del mercado de trabajo tenga en cuenta la situación de desequilibrio existente. Por ello, desde esta perspectiva el acento se pone en moderar el crecimiento de los salarios, superar las fórmulas rígidas de indicación y reducir los costes laborales no salariales. Aunque la importancia de la prolongación de la recesión y los escasos efectos de las políticas económicas contractivas han reforzado la necesidad de flexibilización como requisito del ajuste macroeconómico, esta necesidad se plantea también desde otros vértices que han recibido menos atención pero que no son menos significativos e importantes.

Conforme se ha ido profundizando en el debate sobre la flexibilidad del mercado de trabajo el enfoque se ha ido desplazando progresivamente desde el ángulo de funcionamiento macroeconómico a las exigencias del ajuste microeconómico.

El funcionamiento flexible del mercado aparece como un requisito no sólo para evitar o reducir los desequilibrios agregados, sino para facilitar la adaptación de empresas y sectores a los estímulos de la nueva relación de precios relativos, a los cambios en la tecnología disponible y en la propia organización industrial.

Las exigencias de ajuste microeconómico, no afectan exclusivamente a la movilidad del empleo, en su aceptación puramente cuantitativa: ajuste de plantillas, movilidad geográfica o tiempo de trabajo, sino que requieren una mayor flexibilidad funcional de la mano de obra que facilite el reciclaje desde las ocupaciones en decadencia hacia las ocupaciones en expansión. Especialmente, el cambio técnico es una poderosa fuerza impulsora de ajustes internos en el mercado de trabajo, para los que resulta muy importante la flexibilidad funcional: el cambio técnico requiere un ajuste gradual de la fuerza de trabajo existente y, a la vez, suministra nuevas oportunidades de empleos más cualificados y con mejores condiciones de trabajo.

Sin embargo, existen importantes obstáculos que se oponen a estas transformaciones como son las estructuras ocupacionales rígidas, la baja competencia entre trabajadores que limita su movilidad, y las prácticas inflexibles de las direcciones de personal.

Algunos de estos obstáculos pueden ser superados desde el interior de las relaciones laborales a través de procesos de negociación y concentración, pero para superar otros son necesarios cambios que van más allá de los límites de las empresas. Por un lado, el sistema educativo y de formación profesional es una pieza fundamental para el reciclaje de la mano de obra, pero, por otro lado, si la aplicación de las nuevas tecnologías continua incrementando los requisitos de cualificación que sólo se pueden obtener en el puesto de trabajo, es necesario modificar el sistema actual de financiación de esa cualificación. Para evitar barreras a la incorporación del progreso técnico es necesario reducir los costes que para la empresa supone la inversión en capital humano mediante sistemas adecuados de ayudas y estímulos.

Es necesario subrayar que desde esta perspectiva la exigencia de flexibilidad es más profunda que la que se deriva exclusivamente de la necesidad del ajuste macroeconómico, pues está vinculada a los cambios en profundidad que se están produciendo en el sistema hasta ahora vigente, de organización industrial. Existen unos factores, derivados tanto de la aplicación de nuevas tecnologías como de la estructura cambiante de los mercados y de competencia que promueve una organización más flexible de las máquinas y del trabajo. Según ello, el sistema de producción en gran escala a través de la gran empresa, que ha condicionado el modelo actual de relaciones laborales y de acción sindical, estaría dando paso a un nuevo modelo de "especialización flexible" de empresas de menor dimensión que permiten prácticas más flexibles en lo relativo a la innovación y a la definición de los empleos y de las calificaciones.

Las motivaciones aducidas hasta ahora en las demandas de flexibilidad del mercado de trabajo: mejor funcionamiento macroeconómico, ajuste microeconómico y adaptación a los cambios tecnológicos y en la organización industrial, se basan en la eficacia económica.

Sin embargo también existen razones basadas en la equidad para adoptar una actitud positiva en favor de una mayor flexibilidad de los mercados de trabajo, aunque ello no implica negar la existencia de conflictos entre equidad y eficiencia.

Como he dicho antes, un reforzamiento de la legislación protectora del empleo puede dar lugar a una intensificación del empleo oculto e ilegal, aumentando el número de personas con poca o nula protección. En este sentido es necesario señalar que resolver los problemas de la rigidez del mercado de trabajo por la vía falsa y equivocada de la tolerancia a la economía oculta y sumergida comporta graves problemas, no sólo de ineficiencia, sino también de injusticia, al favorecer la segmentación y discriminación en el mercado de trabajo y al vaciar progresivamente de contenido a toda la legislación social.

Así pues, creo que la flexibilización es una exigencia de ajuste más eficiente y también más justo al favorecer unos niveles de protección más amplios y más homogéneos.

Gestión equilibrada de las universidades privadas

Las universidades privadas están bajo presión, y con razón, para mejorar su rendimiento. Esto se debe a que sólo una pequeña cantidad está funcionando razonablemente bien.

Teniendo en cuenta las instalaciones de infraestructura, las calidades docentes, baja relación profesor-alumno, el escaso o mal uso de la tecnología informática tanto en la enseñanza como en la gestión, la escasa investigación y la deficiente automatización de las bibliotecas y otros servicios de apoyo esenciales, hay mucho que desear desde estas universidades no rentables. Además, en algunos casos, incluso hay denuncias de mala práxis.

Urge adoptar medidas correctoras para revertir esta situación.

Los principales interesados (el gobierno de las propias universidades, plasmado en los patronatos de sus fundaciones, los fundadores y, a veces, propietarios reales de las estructuras de la propia universidad e incluso los propios gestores universitarios) han de  intentar conjuntamente institucionalizar un sistema que les permita hacer lo que se supone que deben hacer para satisfacer las expectativas de la sociedad.

La sociedad espera que las universidades privadas impartan una educación de calidad, socialmente relevante, produciendo mano de obra altamente calificada, en todos los aspectos (técnico-científicos y personales) a un coste razonable.

El buen gobierno y mejores prácticas de gestión son un requisito previo para el aseguramiento de esa calidad esperada. Las buenas prácticas de gestión son imprescindibles, y no únicamente en visión de conjunto, sino también a nivel micro, llevando la excelencia a todos y cada uno de los procesos y tareas de que se configura el conjunto de la universidad, no únicamente de los procesos docentes, sino haciendo extensiva la necesidad de calidad a todos y cada uno de los estamentos de la entidad.

Esa búsqueda de la excelencia a nivel micro ha de estar coordinada con el alcance de sus objetivos como institución, dada su visión y misión.

La legislación vigente ofrece un marco legal y un conjunto de directrices de política, normas y reglamentos, pero su cumplimiento ha de hacerse a la luz de los propios estatutos de las universidades.  La calidad de la educación depende en igual medida del control del nivel macro de gestión, de la excelencia del nivel micro de gestión y del equilibrio entre ambos niveles, que se puede hacer efectivo mediante la aplicación de políticas, normas, reglamentos y procedimientos internos de gobierno. La coordinación entre las áreas docentes y las de gestión es imprescindible.

La ley no está destinado principalmente a "controlar" las universidades, sino que tiene por objeto facilitar su buen funcionamiento sin desalentar la inversión privada en la educación superior.

Las universidades públicas y privadas coexisten, y, en ocasiones, se complementan entre sí.

El grado de buena gobernanza en el sistema universitario privado se define por la prudencia. Una prudencia que contrarresta con la osadía que caracteriza la gestión en los ámbitos empresariales ajenos al mundo universitario. Una prudencia que de un sentido de solidez, continuidad y robustez del proyecto. Pero una prudencia que no ha de estar reñida con la innovación y con la aplicación de las más avanzadas técnicas de gestión empresarial a las estructuras universitarias. Así la prudencia no debe significar la selección de profesores mediocres, la admisión de estudiantes también mediocres, esencialmente en consideración al equilibrio entre los ingresos y los gastos de la cuenta de explotación de la universidad.

La pérdida de la calidad es un signo de mal gobierno, que desemboca irremediablemente en desequilibrios en la cuenta de explotación. Así una visión demasiado cortoplacista desemboca siempre en desequilibrios a medio y largo plazo que pueden, incluso, poner en peligro la continuidad del proyecto.

La eficiencia en la actuación de las Administraciones Municipales

A menudo, cuando se hace referencia a medir la eficiencia de una organización, se hace referencia a una unidad de producción, ya que la mayoría de estudios desarrollados en este sentido se han centrado en torno a las empresas.

La facilidad de valorar los "outputs" producidos y los "inputs" consumidos por las empresas, y la de disponer de algunos indicadores económicos que valoran la actividad (por ejemplo, los beneficios, las tasas de rentabilidad de las inversiones, la participación en el mercado, etc.) son algunas de las causas que han contribuido a este desarrollo.

En el ámbito de las organizaciones sin finalidad de lucro, entre las cuales se pueden encontrar las administraciones municipales, el problema de medir la eficiencia es más difícil. A la carencia de unos indicadores estándares parecidos a los de las empresas se añade la dificultad de medir el "output" de estas organizaciones y la de identificar claramente los "inputs" consumidos en su actividad.

A pesar de todo, el conocimiento del grado de eficiencia con que actúa una determinada administración municipal le permitirá disponer de medios para documentar la futura toma de decisiones sobre la asignación de recursos con criterios más racionales que los que se puedan deducir sólo examinando el presupuesto.

El análisis de la eficiencia en la actuación de las administraciones municipales (y en general de toda la administración pública) a menudo se relaciona y mezcla con una actuación eficaz, pero ambos conceptos valoran aspectos diferentes de la actividad.

Una institución municipal actuará de manera eficaz cuando consiga los objetivos que se ha propuesto. Además, una entidad actúa eficientemente cuando obtiene el máximo "output" (servicio) de sus recursos disponibles, o bien cuando minimiza el uso teniendo en cuenta un nivel de actividad o unos objetivos operativos determinados. Se puede dar el caso de que una corporación municipal cumpla los objetivos fijados (actuación eficaz) pero que no minimice sus costes (actuación ineficiente).

El análisis de la eficiencia comporta, pues, un examen de la gestión o actuación de las organizaciones que abarca todos los aspectos de la entidad. Incluyendo el ámbito financiero, aunque éste no sea su único objetivo. Así pues, el control de la eficiencia no puede basarse únicamente en los estados contables de síntesis, a pesar de que es el procedimiento más cómodo y más rápido, ya que necesariamente será parcial, porque sólo contemplará el aspecto financiero de la gestión de la entidad. La técnica básica para medir la eficiencia vendrá dada por una comparación de los valores de este ratio, bien con los resultados obtenidos en períodos anteriores, bien con entidades similares, bien con unos niveles estándares o bien con niveles proyectados al inicio del ejercicio.

Todas estas comparaciones deben hacerse teniendo en cuenta que las circunstancias particulares que rodea el desarrollo de una actividad o de un programa pueden haber variado en el tiempo y que son indicativas, la mayoría de ellas, del mantenimiento o evolución de la eficiencia, pero no denotan si se consigue el nivel más óptimo. De todos modos, el análisis de las desviaciones observadas permitirá diseñar más concretamente las acciones futuras, modificar algunas de concretas o redistribuir recursos hacia otras actividades más prioritarias.

Hay que tener en cuenta que el grado de eficiencia no es una magnitud en los diferentes niveles de ejecución de un programa, ya que tiene una tendencia a crecer con el incremento de recursos asignados hasta llegar a un punto a partir del cual un incremento muy grande de recursos puede provocar una reducción de la eficiencia.

Si queremos evitar actuaciones ineficientes y potenciar otras actividades con la asignación de los recursos excedentes es necesario conocer el punto de inflexión a partir del cual el aumento de recursos sólo provoca una reducción progresiva de la eficiencia.

Puede ser que en el ejercicio de una actividad se haya llegado al punto máximo (lo cual implicaría no aumentar los recursos dedicados a este programa), pero que no se hayan alcanzado los objetivos propuestos y deseables socialmente (ineficacia). Los gestores de la entidad deberán decidir si prevalece la eficiencia o la eficacia de ese programa.

Si se trata de actividades imprescindibles para satisfacer las necesidades personales y colectivas de los ciudadanos, es probable que la consecución de los objetivos previstos pase por delante de la asignación racional de los recursos (en términos de eficiencia). Una revisión completa del programa, de sus objetivos, de las actividades y del impacto puede ayudar a encontrar un equilibro entre las dos alternativas.

La principal dificultad para establecer una medida de eficiencia de las administraciones municipales es que la mayor parte de las veces sus objetivos son de carácter no financiero (por ejemplo, "mejora de la circulación de la ciudad"). Ello implica que algunos de los "inputs" y sobre todo los "outputs" sean difíciles de cuantificar, y además hace que se añadan factores, generalmente de tipo ambiental, que están fuera de control de la organización.

Además, la medida de la eficiencia de los órganos de la administración municipal viene mediatizada por otras restricciones impuestas por las limitaciones presupuestarias y por la ausencia de un mercado y de un precio de mercado para la mayoría de los servicios ofrecidos; por tanto, la magnitud que valore el "output" producido se deberá expresar en unidades físicas homogéneas.

Otras dificultades que surgen en la valoración del "output" de las actividades del gobierno son las derivadas de la multiplicidad de actividades de cada servicio, del ciclo de producción y de los contratos de prestación de servicios.

La mayoría de corporaciones municipales ponen al abasto un gran número de servicios que se componen de diferentes actividades, muchas veces difíciles de relacionar con los servicios básicos. En consecuencia, la selección de una medida apropiada del "output" requiere un examen previo de cada servicio, tanto para identificar el "output" dominante como para poder valorar el producto de cada una de sus actividades.

Normalmente, los servicios ofrecidos o las actividades desarrolladas tienen una duración anual, en cambio, la duración de ciertas actividades sobrepasa este período. Para evitar inconsistencias en la valoración, es necesario hacer estimaciones anuales de la proporción de los "outputs" producido y de los "inputs" que le son atribuibles a cada ejercicio.

Para la valoración correcta del "output" de las actividades contratadas a empresas privadas, es necesario distinguir la parte correspondiente a la privada. Esta separación es necesaria cuando la medida de los "inputs" (por ejemplo, trabajo) sólo hace referencia a la actividad del gobierno.

Teniendo en cuenta estas premisas, se pueden seleccionar las medidas adecuadas del "output" indispensables para la evaluación de la eficiencia de las actividades de las administraciones municipales.

¿De quién son las empresas?

Estos días estamos viviendo unos momentos verdaderamente convulsos en nuestra Economía. La concatenación de preocupantes, a veces esperpénticas, noticias económicas nos hacen plantearnos unas cuestiones verdaderamente trascendentes: ¿de quién son las empresas? ¿de los ejecutivos que las dirigen? ¿qué papel deben tener los directivos en el tejido empresarial?

Las dificultades para llegar a ser un administrador efectivo, requieren ser sopesadas a la luz de una tendencia especial que se da en nuestra cultura: la angustia o inquietud de su papel. La relación entre el individuo y la sociedad se caracteriza hoy en día por una confusión de pautas, una falta de claridad en cuanto a lo que la sociedad espera de los individuos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Por el término "papel" se entiende la forma en que los demás, que representan la normalidad social, esperan que un individuo se comporte, la respuesta del individuo a estas esperanzas, y su anhelo por demostrar que actúa en la forma adecuada. Estas varias perspectivas cambian de acuerdo con el puesto que la persona ocupa en la sociedad, ya sea como empresario, trabajador, político, profesor, padre o hijo.

En la sociedad actual, estas definiciones han ido perdiendo su claridad, precisamente cuando ésta se hace más necesaria.

Una incómoda sensación de incertidumbre acosa a los hombres sentados tras las mesas de trabajo en las grandes oficinas de los órganos de poder de nuestra sociedad. El pasado deliciosamente concreto ha sido derrumbado por el impreciso y transitorio presente y por el imprevisible futuro. Los hombres situados en los centros neurálgicos de grandes decisiones reciben información, sopesan las probabilidades y adoptan decisiones acerca de problemas y acontecimientos que, por contraste, hacen parecer las actividades de sus predecesores desesperadamente lentas e ineficaces.

La vida del ejecutivo, particularmente en las grandes organizaciones es una prueba rotunda de su madurez emocional. Pocos de los que se sumergen en esta vida conocen con exactitud hasta que punto corren el peligro inminente de verse desarraigados de sus cimientos emocionales. El esfuerzo y la tensión en el cometido de su labor, se refleja en su afán por alcanzar el ideal de comportamiento realmente eficaz, que culmine con las máximas cotas de remuneración, tangible o intangible, a su esfuerzo y desvelos. La coincidencia en el espacio y tiempo de pluralidad de ejecutivos con niveles de madurez emocional distintos, objetivos vitales y profesionales diferentes y, porque no decirlo, formaciones humanas diversas (alejadas en mayor o menor medida de valores como la justicia y la equidad), provocan tensiones en las relaciones humanas que, casi siempre, se extrapolan al ámbito social de su actuación.

Así, los ya habituales seriales que aparecen en la prensa económica sobre luchas por el poder en sociedades que cotizan en Bolsa o por posiciones que permiten controlarlas, llevan una vez más a preguntarse qué pinta en todo esto el ciudadano que ha convertido una parte de sus ahorros en un pequeño paquete de acciones de una de estas sociedades. No parece que las batallas que presenciamos tengan su razón en defender el beneficio del accionista. Más bien parece que los protagonistas de estas luchas buscan oportunidades personales o de pequeño grupo.

Consejeros de importantes empresas españolas reconocen que sus sociedades maquillan de alguna forma las cuentas. En realidad, importantes y no tan importantes empresas; es prácticamente algo generalizado. En años buenos se esconden beneficios para hacerlos emerger en años menos buenos. En circunstancias tristes se realizan operaciones extraordinarias o se recurre a la "ingeniería" contable-financiera para cambiar planteamientos de amortización, revalorizar activos, aflorar plusvalías, etcétera. Expertos en cirugía estética de balances, mediante infinidad de artilugios, como la fusión de compañías del mismo grupo, segregaciones u otras intervenciones más o menos de papel, pueden darle un verdadero "new look" a las cuentas de la empresa.

Es curioso que ni los profesionales de la inversión, ni los accionistas se quejen de esta situación. Un seguimiento de la cotización de algunas compañías muestra que la valoración del inversor no penaliza severamente la chapuza contable o la batalla por el poder. A veces, hasta parece que a mayor irregularidad, mayor atractivo: la cotización sube a medida que se suceden construcciones tan enigmáticas como sorprendentes. Tras unos resultados en el ejercicio que cortarían la digestión a un alumno de primer curso de economía y unos camuflajes contables que provocarían infartos a sus profesores, llega la junta general y pueden provocar aplausos. Uno podría pensar que el accionista es, en realidad, un jugador: lo que le gusta es que los gestores de la empresa agiten los dados y los echen, a ver si hay suerte.

Si aceptamos esta hipótesis y construimos sobre ella, tendríamos pues que los propietarios de las empresas serían, en realidad, un conjunto de jugadores. En esas condiciones, la alta dirección de esas empresas deberá dedicarse, sobre todo, a animar el juego. Atraer apuestas, volver a "enganchar" al que ha perdido en una jugada, agitando de nuevo con tal arte los datos que le hiciera pensar: esta vez si que voy a ganar. Estos gestores procurarían aparecer con frecuencia en la prensa, alrededor de sus partidas, incluso anunciando sus cartas públicamente, para atraer apostantes. Por el contrario, el gestor que se limitase a hacer las cosas lo bastante bien para ir manteniendo un crecimiento razonable y saludable, pero sin triples saltos mortales, sería visto como aburrido y anticuado. Si además produjese unos informes simples y transparentes sobre la situación de la empresa (la verdad suele ser simple), entonces ya carecería absolutamente de atractivo.

Siguiendo con la hipótesis que los gestores de la empresa se dedicasen a hacer sus negocios personales, aprovechando su situación de poder y control, hasta podría con alguna genialidad de tanto en tanto. Por eso, nadie se preocuparía mucho de que luchase por el poder ya que eso sería el preludio de emocionantes partidas más adelante.

Si la hipótesis respondiese a la realidad, en fin, para que qué regular el mercado si eso le iba a quitar emoción a la partida y en cualquier caso no respondería a los deseos de los propietarios de las empresas.

Si pensamos que la situación actual no es sana, entonces tendrían que cambiar mucho las cosas. Si pensamos que el propietario de la empresa debe ser un ahorrador y no un jugador, entonces puede ser que tengamos que pensar en otros accionistas y también, sin duda, en otro tipo de gestores y de consejeros. Habría que asegurarse que la propiedad desea incrementar su riqueza financiando el tipo de servicio a la sociedad que presta la empresa en la que invierte y que gestores y consejeros se preocupan de la buena marcha de la compañía y no de realizar beneficios periféricos a la misma.

Llegar a un cambio de cultura así requerirá muchos años y vendrá estimulado por la presión del resto de Europa, por la presión internacional. Las empresas centro y norte europeas suelen ser de las que llamaríamos aburridas: las cuentas claras y los negocios personales a costa de la compañía, pecado mortal. Este tipo de consejo lleva a tener que explicar mucho lo que se hace y a consensuar decisiones. Esto, a su vez, puede provocar cierta lentitud de decisiones pero lleva a estudiar más los problemas y a no perder tiempo una vez puestas las decisiones en la práctica.

Mientras tanto, tendríamos que contenernos mucho al afirmar que nuestras empresas de hoy en día son de los accionistas. Estos ponen las fichas sobre la mesa y con eso apuestan. Luego se entera del resultado y ganan o pierden. Pero no saben qué pasa en la partida, si se juega con trampa ni a veces, a qué se juega. Los verdaderos propietarios son, con frecuencia, los gestores, que a veces utilizan la potencia de la compañía en beneficio propio. La aceptación de esta situación por todos hizo tolerable la lucha pública por el poder ante unos consejos colaboradores o simplemente sin opinión, favoreciendo la entrada en el escenario de actores sociales que incluso eran desconocedores de las más elementales reglas del juego (por ejemplo en nuestro modelo de cajas de ahorro).

Recuerdo que a principios de los años 70 se empezaba a hablar de la reforma de los consejos y del papel de los consejeros, pero la crisis energética postergó aquella emergente preocupación. La degradación del más alto nivel corporativo que estamos viviendo quizá aconseje resucitarla, y acometerla con urgencia, cuando probablemente hubiera sido mejor ejecutarla sin tanta precipitación como la que nos veremos obligados a aplicar ahora.

En defensa de la ECONOMÍA

En febrero comentábamos que estamos en crisis. A estas alturas parece algo obvio, ¿verdad?

Referíamos que esta situación esta siendo un fuerte golpe para la cultura del “todo vale" y por el mercado emergente a su alrededor.

Pero este drama se está encarnizando, a mi parecer desmesuradamente, con el concepto de la Economía. No todo es culpa de la Economía. Quizás deberíamos analizar que es realmente la Economía y para qué se estudia. Son éstas dos preguntas distintas, ambas necesarias y que tienen su justificación y espero me sirvan para salir en defensa de un concepto primigenio de la Economía.

Veamos qué es realmente la Economía.

Hay de ella muchas definiciones, casi todas demasiado amplias o demasiado estrechas. Por ejemplo, oiremos decir a menudo que la Economía es la ciencia de los precios. Esta definición peca de estrecha. Muchas cosas no ostentan precio y, sin embargo, tienen gran importancia económica. El trabajo que hacen las mujeres en sus casas, por ejemplo, no entra nunca directamente en el proceso de formación del precio: pero tiene importancia económica porque el aumento o disminución del que se haga afecta a los salarios pagados a las mujeres que trabajan fuera de sus casas, el precio de la maquinaria economizadora de trabajo, el mercado de casas, y así sucesivamente hasta, por ejemplo, el abastecimiento de ganado de engorde. Y esto último no es una exageración ni mucho menos: los grandes trozos de carne no caben en uno de esos hornos pequeños para habitaciones construidas con el propósito de ahorrar trabajo al ama de casa; por eso quienes los compran son hoy menos que antes, cuando a las mujeres les impacientaba menos el trabajo doméstico, y por eso los ganaderos ya no encuentran lucrativo criar los mejores tipos de ganado de engorde. Del mismo modo, todo el mundo sabe la importancia económica que tiene una buena educación: pero la intervención del Estado para hacerse cargo de ella la está desviando del campo de la formación del precio.

Por otro lado, quizás oigamos decir que la Economía es la ciencia de los negocios habituales: cómo los hombres obtienen su riqueza y de qué manera la gastan. Esta definición es verdadera en un sentido; pero demasiado amplia. La Economía no estudia todo eso. No se ocupa del aspecto técnico del problema. Si esa definición fuera buena, un economista, para poseer todos los conocimientos necesarios para el desempeño de su misión, tendría que ser buen ingeniero, buen agricultor, buen químico y tener otra docena de especialidades, cosa que no suele ser habitual. La Economía, en realidad, sólo estudia lo que sucede cuando las cosas son escasas. Si la comparamos con la mecánica, veremos que ésta se ocupa sobre todo del hecho de que los cuerpos se atraen entre sí. No se interesa por su olor, sabor, color o propiedades químicas. Así también a la Economía no se ocupa, al menos en primera instancia, de la estructura y técnica de producción de ningún artículo, sino sólo de el hecho de que éste es escaso. La escasez es la propiedad que le interesa al economista, como al físico el peso y la masa.

Muy bien, podemos entonces concluir que la Economía es la ciencia de la escasez.

Veamos, ahora, el por qué debemos estudiar la Economía.

Vale la pena estudiar la Economía por sí misma como ejercicio mental.

En cierto sentido se encuentra en una situación desventajosa en comparación con las ciencias físicas, porque sus conclusiones no pueden comprobarse con experimentos de laboratorio. Pero este mismo defecto es una ventaja en otro sentido, a saber, considerado como medio de constituir un razonamiento lógico bien equilibrado. Después de todo, ni en los negocios, ni en la administración o la política, ni en la vida diaria, hay muchas situaciones susceptibles de sujetarse a pruebas experimentales. La Economía desarrolla una de las cualidades más valiosas: el sentido de la evidencia; es decir, la facultad de poder apreciar sin ayuda mecánica el valor y la importancia de las varias consideraciones que se ofrecen a nuestro criterio.

Pero poca gente se contenta con una ciencia que no ofrece sino una gimnasia mental interesante, sin servir a ningún fin material. Y hay quien ha objetado que la Economía es una ciencia superflua, pues, después de todo, los negocios son su principal objeto de estudio, y, por lo tanto, lo mejor sería dejarla al cuidado de los negociantes. Ahora bien, esto apenas es menos absurdo que argüir que el estudio de la zoología y la evolución debe dejarse a los animales. Desde luego es verdad que desde su punto de vista, el negociante ve las cosas con mucha mayor claridad que el que estudia desde lejos. Pero no nos interesa su punto de vista; nos interesa algo mucho más amplio. Si un conejo pudiera hablar nos contaría de su vida muchas cosas (y muy interesantes) que nosotros no vemos; pero ni siquiera un “superconejo” dotado de inteligencia humana podría decirnos nada por experiencia propia de las leyes de la evolución. Es verdad que podría decir que no sirven, puesto que el conocerlas no le ayudaría a meterse en un agujero cuando le persigue el zorro; y un fabricante de automóviles podría decir que el saber economía no le sirve, porque no le dice la forma de retrovisor que gustará más al público. Pero esto no hace que ninguno de los dos grupos de leyes sean poco importantes para los animales o los industriales en general (sobre todo para los segundos, tras la gran expansión del marketing y la fiabilidad de los estudios de mercado, que si pueden orientar la producción en base a las preferencias del consumidor).

Aunque las enseñanzas de la Economía son generales, tampoco carecen por completo de utilidad práctica. Ningún libro de texto de Economía dirá a un negociante exactamente lo que tiene que hacer en un momento dado, o dará a un gobierno instrucciones completas para gobernar un Estado. Pero les mostrará algunas de las trampas que tienen que sortear. No se puede redactar una buena ley sobre la industria minera o un proyecto de arancel de aduanas, o planear una campaña de racionalización industrial, por el simple hecho de tener un conocimiento superficial de los principios de la Economía; pero teniéndolos presentes se pueden criticar estas cosas.

La Economía no es la piedra filosofal, que convierte en oro todo lo que toca; pero nos ayudará al menos a distinguir el oro de los metales viles. También a seguir la cadena de causa y efecto en el complicadísimo mundo económico de hoy, sin que nos desvíen hacia caminos falsos pseudo-estadistas que llevan a un fin interesado, mentecatos políticos ni "acrobacias" y sensacionalismos periodísticos. Los conocimientos que se adquieren con la Economía serán útiles para todos y especialmente serán indispensables para los descontentos con las imperfecciones de la organización social de hoy. La Economía no bastará para construir un milenio, pero es una herramienta esencial para levantar ese edificio, y para cualquier demolición preparatoria que pueda ser necesaria.

Concluyendo, podemos afirmar que la Economía es la ciencia de la riqueza. Ésta consiste en bienes y servicios lo bastante escasos como para ser susceptibles de usos alternativos y tener un valor en dinero.

El estudio de la Economía es valioso como ejercicio de lógica y como reflector que ilumine los acontecimientos de la vida diaria.

El pacto fiscal

Ante el rabiosamente actual tema del pacto fiscal, creo pertinente enmarcar todo lo opinable en un justo y certero conocimiento de lo que la ciencia económica, consideraciones partidistas aparte, puede decir al respecto.

La Hacienda local y autonómica surgen de la consideración de los conceptos básicos de Hacienda pública y espacio.

En la ciencia económica el espacio tardó, sin embargo, en hacerse sitio. Las grandes corrientes del pensamiento económico (clasicismo, marginalismo, Keynesianismo, etcétera) han contemplado, en general, la Hacienda Pública bajo una óptica unitaria sin plantearse las cuestiones teóricas de la existencia en el espacio estatal de diferentes centros de decisión sobre ingreso y gasto público a distintos niveles del central y unitario. Una importante excepción a esta regla ha sido la aportación de la escuela alemana, tal vez a causa de su enfoque historicista que, al no admitir la existencia de leyes económicas universales, ha repudiado el uniformismo científico y ha gustado del estudio de los hechos diferenciales de las distintas comunidades, tanto intra como internacionales. La preocupación alemana por los problemas espaciales constituye una constante histórica.

No obstante, descentralización fiscal y federalismo fiscal no son expresiones sinónimas. Efectivamente, el binomio Hacienda Pública más espacio conduce a la organización, dentro de un mismo Estado, de distintas unidades de decisión sobre ingresos y gasto público: son las haciendas locales y autonómicas.

El federalismo fiscal (que el lector, por supuesto, tampoco deberá confundir con la "teoría del federalismo") se plantea el análisis de las interrelaciones que surgen en el proceso de ingreso y gasto público entre cada una de las Haciendas locales y autonómicas (tanto en relaciones a un mismo nivel, comunidades locales o autónomas con otras comunidades locales o autónomas, como con la Administración Central). En el primer caso se habla de relaciones o coordinación horizontal entre las distintas Haciendas, y en el segundo vertical o piramidal.

Pero la problemática de las Haciendas periféricas (locales y autonómicas) es más amplia. No sólo se preocupa de las relaciones de las Haciendas locales y autonómicas, sino también de la problemática interna de cada una de ellas. Sólo la faceta externa constituye el objeto de estudio del federalismo fiscal. La faceta interna debe estudiarse a nivel local o autonómico, según en cada caso proceda, buscando individualizadamente el equilibrio entre sus propios gastos y sus propios ingresos.

Aunque los problemas concretos de un sistema fiscal descentralizado o "federalismo fiscal", como suele ser denominado, se encuentran incorporados a un entorno histórico, será útil comenzar su estudio desde un punto de vista normativo. En este sentido la teoría del federalismo fiscal se reduce esencialmente a estudiar cuál debería ser el tamaño óptimo de una jurisdicción fiscal para que pudiese cumplir en condiciones óptimas con sus funciones y competencias.

La determinación del tamaño óptimo de estas jurisdicciones está en función de los objetivos fundamentales que persigue toda actividad financiera del Estado, a saber:

1. Eficacia en la asignación de recursos.

2. Redistribución justa y equitativa de la renta.

3. Estabilización económica en precios, empleo y equilibrio exterior.

4. Crecimiento económico.

En consonancia con estas cuatro cuestiones básicas, la pregunta relevante que se hace es, ¿cómo alcanzar de forma racional y óptima tales objetivos de la política presupuestaria dentro de los distintos niveles de poder o jurisdicciones fiscales?. O dicho de otra manera, ¿a qué nivel de gobierno, centralizado o descentralizado, es mejor conseguir estos objetivos?

La respuesta del colectivo economista ha sido homogénea, señalando que en la función de asignación óptima de bienes públicos, son las Haciendas periféricas las más adecuadas para su concesión, mientras que en los tres restantes casos, es la Hacienda Central la que puede actuar con mayor eficacia.

Convenido entonces que la función de asignación se encuentra más directamente relacionada con el problema federal y plantea las cuestiones más difíciles, surgen dos interrogantes básicas:

1. ¿Deben proporcionarse los bienes y servicios sociales para que resulte una asignación óptima?

2. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, estaremos conviniendo que la descentralización fiscal permitirá una mayor eficacia en la asignación de recursos. En este supuesto, ¿qué tipo de jurisdicción fiscal, o qué tamaño de la Hacienda Periférica es el más adecuado?

La respuesta a estos interrogantes requiere elaborar toda una concepción teórica en la que se imponen restricciones y supuestos limitativos: que la actividad financiera del Estado bajo este escenario de descentralización fiscal permita una redistribución justa y equitativa de la renta, mantener una estabilización económica en precios, empleo y equilibrio exterior y que favorezca el crecimiento económico.

En este sentido, la teoría del federalismo fiscal se desarrolla teniendo en cuenta únicamente los bienes públicos, considerando que si en algún caso los efectos externos a su ámbito territorial pueden ser catalogados como de ámbito estatal, el ejemplo típico es la defensa nacional, existen otros supuestos en que los bienes públicos producen efectos geográficamente limitados a un entorno territorial menor, caso de un servicio contra incendios, que sólo puede producir utilidades a los miembros que directamente lo necesiten y a los que viven en un círculo más o menos próximo. De todos modos, y a pesar de estos supuestos, dicha teoría del federalismo fiscal toma como dato la generalidad de bienes públicos, sin mayor precisión que la de distribución del coste según parámetros territorialmente identificables y cuantificables.

Teniendo en cuenta estos condicionamientos, la provisión óptima de bienes públicos determina:

1. Que el punto de asignación ha de ser aquel para el cual el precio se iguala al coste marginal (coste criterio de producir la última unidad de producto).

2. Que cada sujeto debe pagar un precio-impuesto por el bien público tal que iguale a la utilidad marginal (utilidad de la última unidad de producto) que percibe de su uso o consumo.

3. Que la cantidad del bien público ofrecida correspondiente a una asignación óptima, viene dada por la suma de todos los precio-impuestos pagados por los consumidores, y cuando ésta se iguale al coste marginal de producción.

4. Por último es necesario tener presente que las distintas jurisdicciones o haciendas periféricas pueden diferir en sus preferencias por los bienes públicos, lo que conduce a la práctica imposibilidad de que existe un único patrón de aprovisionamiento de bienes públicos.

En relación con lo considerado en los dos puntos últimos, la teoría de la asignación, aplicada al sector público, lleva a la conclusión de que los servicios públicos deberán ser prestados y su coste compartido, en línea con las preferencias de los residentes en la región de beneficio correspondiente.

Además, se da el hecho de que es necesaria la existencia de un proceso político para asegurar la manifestación de las preferencias de los distintos sujetos en cada hacienda periférica. En otras palabras, los servicios que son de ámbito estatal, en cuanto a la incidencia de sus beneficios, deberían ser facilitados a escala estatal, mientras que aquellos otros que presentan beneficios locales o autonómicos, periféricos en suma, deberían ser prestados por unidades administrativas de tal naturaleza, en un escenario de control tanto de ingresos como de gastos y enmarcado en una política fiscal estatal que valide los objetivos financieros del Estado anteriormente referidos.